Cuatro organizaciones de abogados y una ONG se han unido para conformar una Plataforma de Monitoreo Internacional cuyo objetivo es velar por que haya "transparencia" en el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en prisión domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

"Lo que se necesita es asegurar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia, respetando las normas, sin asesinar a nadie, sin amenazar a nadie", explicó este miércoles a Efe Gimena Sánchez-Garzoli, quien lidera la iniciativa para la defensa de los derechos humanos en Colombia de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).

WOLA, una ONG que vela por los derechos humanos en Latinoamérica, conforma la Plataforma de Monitoreo Internacional junto a otros cuatro grupos: la Fundación Abogacía Española, el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD), Abogados Sin Fronteras (ASFC) y National Lawyers Guild (NLG).

Su objetivo es velar por que todas las partes implicadas en el caso de Uribe puedan ejercer sus funciones de manera libre, sin presiones, detalló Sánchez-Garzoli.

Temen que se desate violencia

Lo que más temen los miembros de la plataforma es que el caso provoque "asesinatos de las personas involucradas o que haya falsas alegaciones o montajes, que se obstruya la justicia o se distorsione la justicia", afirmó Sánchez-Garzoli, quien consideró que en Colombia "no es un secreto" que cuanto más poderosa es una persona, más se dan este tipo de situaciones.

La experta apuntó a las "élites" de Colombia como responsables de este tipo de acciones y restó importancia a la influencia que pueda ejercer el presidente de Colombia, Iván Duque, alumno político de Uribe que ha defendido la "honorabilidad" del exmandatario y ha pedido que sea juzgado en libertad.

"Lo que digo -precisó Sánchez-Garzoli- es que la influencia de la elite colombiana es grande, pero no solo es Iván Duque, es también muchos amigos, muchas personas que invierten. Digo no es una persona, es todo, casi como toda la elite de Colombia".

Ante esa situación, la plataforma quiere asegurarse de que se respeta el principio de independencia e imparcialidad judicial en Colombia.

Por el momento, según Sánchez-Garzoli, la plataforma no se ha planteado la posibilidad de ejercer como parte en el proceso y no tiene previsto acudir a instancias judiciales internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

La labor de la plataforma se limita a la "vigilancia" para asegurarse de que la Justicia tiene "espacio" para hacer su trabajo y, además, quiere ofrecer información sobre el caso.

Campaña en redes sociales 

De hecho, el 1 de septiembre, la plataforma escribió su primer mensaje en Twitter, donde ya acumula 16.800 seguidores. La plataforma había sido fundada en enero, pero hasta ahora no tenía presencia en redes sociales.

Con la etiqueta #PorUnaJusticiaLibreyImparcial, la plataforma ha difundido dos hojas informativas: la primera es un recuento de "hechos" del proceso contra Uribe con diferencias entre lo que "es cierto" y lo que es "falso", como por ejemplo que las investigaciones sean un "montaje judicial" de sus adversarios.

La segunda publicación explica la denuncia por supuesta manipulación de testigos que Uribe interpuso ante la Corte Suprema en 2012 contra el senador Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos, lo que dio pie al proceso actual.

El surgimiento en redes sociales de la Plataforma de Monitoreo Internacional se produce cuando la firma de relaciones públicas DCI Group, con sede en Washington, ha emprendido en redes sociales una campaña con el lema "Free Uribe" (Liberen a Uribe) y que cuestiona con noticias falsas la credibilidad de Cepeda.

EFE